Instan al gobierno a respetar fallo sobre Clarín

A través del periódico electrónico Clarín de Chile, diversos intelectuales, académicos y profesionales instaron al gobierno de Michelle Bachelet a respetar el reciente fallo del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que dictaminó que el Estado chileno debe pagar 16,6 millones de dólares al propietario del desaparecido diario del mismo nombre, el español Víctor Pey, por la confiscación de dicho medio tras el golpe militar de 1973.

La primera declaración señala textualmente:

“La decisión del gobierno chileno de presentar un recurso de nulidad al dictamen por el caso Clarín del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial no es sino la última parte de un proceso lleno de irregularidades, cuyo objetivo ha sido obstaculizar la reedición del diario Clarín. La actitud del gobierno, del mismo modo que los anteriores de la Concertación, intenta impedir la restitución de los activos del que fue el periódico de mayor circulación en Chile a su verdadero y legítimo propietario, el ciudadano español Víctor Pey.

“El gobierno chileno a través de su decisión de impugnar el fallo lo que hace es desconocer nuevamente al mismo tribunal, actitud que se ha venido conociendo no sólo mediante las acciones propias de la causa, sino en numerosas declaraciones que funcionarios de gobierno han hecho a medios de comunicación. Una actitud que sólo puede comprenderse como un organizado impedimento a la instalación de un nuevo periódico capaz de romper con un duopolio en la prensa escrita, que en los hechos es un monopolio ideológico. La última decisión del gobierno expresa esta determinación, arrastrada durante más de una década, la que no ha ocultado las visibles irregularidades.

“Las personas que firman esta declaración creen firmemente en la libertad de expresión, en la necesidad que tiene Chile de contar con un medio de expresión que canalice las voces de las diversas subjetividades, que recupere el sentido de la comunicación social. La necesidad que tiene el país de profundizar su democracia, requerimiento irrefutable hoy en día, pasa por contar con una ciudadanía más informada, más reflexiva y más crítica. Pasa por la necesidad de contar con la presencia y expresión pública de diferentes voces.

“Por tanto, instamos al gobierno de Chile a que respete el dictamen del tribunal internacional, que ha obligado al Estado a pagar una indemnización de 16,6 millones de dólares a sus legítimos dueños por la confiscación el 11 de septiembre de 1973 del diario Clarín. Este es un deber y un respeto por nuestra historia”.

Firman a la fecha, entre otros:
Faride Zerán, Premio Nacional de Periodismo y directora del Instituto de la Comunicación y la Imagen de la Universidad de Chile
Ariel Dorfman, escritor
Marcos Roitman, sociólogo
José Palomo, Premio Nacional de Historieta de Chile
Pedro Cayuqueo, periodista
Hernán Scandizzo, periodista
Eulogio Suárez, escritor
José Aylwin, abogado
Virginia Vidal, escritora
Jorge Coulón, músico
Jaime Huenún, poeta
Paul Walder, periodista
Mario Casasús, periodista
Alejandro Stuart, fotógrafo
Bernardo Reyes, escritor
Enrique Robertson, médico y escritor
Mario Amorós, historiador
Ramiro Insunza, arquitecto
Arnaldo Pérez Guerra, periodista
Alejandro Lavquén, escritor
Manuel Cabieses, periodista
Diego Muñoz, escritor
David Ponce, periodista
Carlos Carnicero, periodista (España)
Alejandra Costamagna, escritora
Manuela Gumucio, documentalista
Víctor Hugo de la Fuente, periodista
Hermes Benítez, historiador
Julio Oliva, sindicato El Siglo
Raúl Blanchet, sindicato El Siglo
Jorge Vergara Estévez, Doctor en Filosofía
Marcel Claude, economista
Carlos M. Balderas, director WIP
Carlos Donoso Pacheco, periodista
Francisco Martorell, periodista
Karen Hermosilla, periodista
Andrés Figueroa Cornejo, periodista
Patricio Herman, Fundación Defendamos la Ciudad
Máximo Kinast, consultor
Libio Pérez, periodista
Nancy Arancibia, periodista
Julio Frank, periodista
Rubén Andino, periodista
Francisca Cabieses, subdirectora Punto Final
Rodolfo Parada-Lillo, músico
Carmen Berenguer, poeta, Premio Neruda 2008
Saul Landau, escritor y cineasta (EE.UU.)
Juana Aguilera, Comisión Etica Contra la Tortura
Lucía Sepúlveda, periodista
César Pincheira, fotoperiodista
Iván Auger, consultor
Margarita Labarca Goddard, abogada
Rafael Luis Gumucio Rivas, historiador
Roberto Brodsky, escritor
Bruno Sommer, El Ciudadano
Humberto Orellana Arancibia, ingeniero
Sara De Witt, Asociación Ex Presos Políticos (Reino Unido)
Rafael Cárdenas
Carlos Pilquil, trabajador exiliado (Canadá)
Diego E. Barahona, matemático
Gregorio Angelcos, escritor y periodista
Reynaldo Lacamara, Sociedad de Escritores de Chile
Enzo Borroni, periodista
Carlos Díaz, historiador
Reynaldo Marchant, escritor
Hernán Miranda, periodista y poeta
Galy Chávez Burgos, periodista
Paz Undurraga, arquitecta
Oriana Zorrilla, periodista
Luis Casado, consultor
Felipe Cabello, médico y científico

Premios Nacionales

Por su parte, la declaración de intelectuales y académicos expresa lo siguiente:

“Los abajo firmantes, Premios Nacionales, académicos e intelectuales, se hacen un deber repudiar la decisión del Gobierno chileno de solicitar la nulidad del dictamen del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que obliga al estado chileno a indemnizar con un pago de 16,6 millones de dólares al señor Víctor Pey y a la Fundación Presidente Allende por la confiscación del diario El Clarín durante la Dictadura Militar.

“La demanda de los legítimos propietarios de El Clarín ante un tribunal internacional demuestra la falta de voluntad de los últimos gobiernos de la Concertación de reparar, como corresponde y a todos los afectados, las arbitrariedades cometidas por el régimen de Pinochet. En este caso ha significado que el diario de mayor circulación de la historia del periodismo nacional no haya podido reanudar sus actividades después de 18 años del término de la Dictadura.

“El desconocimiento de la sentencia del Ciadi, anunciado a nombre del Gobierno por el Ministro de Economía, tiene el propósito de bloquear la posibilidad de un nuevo medio de prensa que fortalezca el pluralismo informativo cuyo déficit en la prensa escrita como consecuencia de la concentración económica en sólo dos grandes conglomerados resulta una de las mayores debilidades de la transición chilena, lo que se traduce, entre otros aspectos, en la baja calidad de nuestra democracia.

“En este contexto, abogamos por que el Gobierno de Chile respete sin dilaciones la sentencia que nos obliga como Estado, a objeto que los propietarios de El Clarín puedan volcarse a la tarea de reanudar un medio de comunicación tan necesario para la consecución de las libertades de Expresión y de Prensa”.

Firman:
Faride Zerán, Premio Nacional de Periodismo
Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo
Gonzalo Díaz, Premio Nacional de Arte
Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales
José Miguel Varas, Premio Nacional de Literatura
Guillermo Núñez, Premio Nacional de Arte
José Balmes, Premio Nacional de Arte
Fernando García, Premio Nacional de Arte
Pablo Oyarzún, filósofo y académico U. de Chile
Bernardo Subercaseaux, académico U. de Chile
Loreto Rebolledo, antropóloga y académica U. de Chile
María Olivia Monckeberg, periodista y académica U. de Chile
Bernardo Amigo, académico U. de Chile
Gustavo González, periodista y académico U. de Chile
Felipe Portales, sociólogo
Beatriz Rosselot, documentalista
Francisco Gedda, cineasta
Ignacio Agüero, cineasta
Sergio Trabucco P., cineasta
Orlando Lubbert, cineasta
José Leandro Urbina, escritor
Diamela Eltit, escritora
Soledad Bianchi, académica
Jorge Arrate, abogado y economista
Carlos Ruiz Encina, académico U. de Chile
Gracia Barrios, artista plástica
Paulo Slachevsky, editor y periodista
Silvia Aguilera, editora e historiadora

Fuente: elclarin.cl

Foto: Víctor Pey, por Juan Carlos Cáceres.

Instan al gobierno a respetar fallo sobre Clarín

Expertos dan fundamentos para una nueva Constitución Política de Chile

En marzo de 2006 fue publicado el libro “Sociedad civil y nueva Constitución: hacia un pacto ciudadano para la Constitución que queremos”, probablemente el primer esfuerzo independiente sistematizado con tal propósito en la presente década.

Consiste en un compendio del seminario del mismo nombre realizado en Santiago tres meses antes y en el que participaron profesores de Derecho, expertos de organizaciones no gubernamentales y miembros de organizaciones sociales.

Sus editores, la Fundación Instituto de la Mujer y el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (Memch), dejaron claro que no se trató sólo de un afán intelectual o académico, sino de entregar bases políticas, jurídicas y sociales sólidas, que justificaran la necesidad de una nueva Constitución Política para Chile.

A continuación, un resumen personal. Su objetivo es difundir una obra de distribución injustamente limitada hasta ahora pese a la trascendencia de su contenido y la creciente coincidencia de los chilenos en este tema.

En su presentación, la socióloga Loreto Ossandón y la periodista Carmen Torres reafirman que la Carta Fundamental de 1980, vigente a la fecha, fue elaborada por asesores de una dictadura, se la sometió a un plebiscito reconocido como fraudulento y sus reformas posteriores no reflejan las aspiraciones ni los cambios sociales acaecidos en el país.

Francisco Soto Barrientos, abogado, master en derecho constitucional e instituciones públicas y secretario ejecutivo del fondo gubernamental para el desarrollo de la sociedad civil, sostiene a su vez que el nuevo orden establecido por la Constitución de 1980 parte de una refundación autoritaria que rompe drásticamente con la tradición liberal chilena y que existe en ella la idea que la voluntad popular no debe ser el único procedimiento que determine el curso del país.

Desde esa perspectiva, agrega, se trataría de “un fenómeno anacrónico que no tendría más fundamento que la fuerza de algo impuesto” y se aleja de la evolución constitucional occidental, que avanza en un sentido liberal, de búsqueda de mecanismos para profundizar la soberanía popular y garantizar el pluralismo y la tolerancia.

Producto de ello, prosigue, la Constitución vigente deja de tener una neutralidad valorativa que se adapta a la voluntad mayoritaria del electorado para optar por un solo tipo de orden económico, una sola idea de propiedad, una sola idea de familia.

Respecto de las reformas aprobadas en 2005 (que llevaron al Presidente Lagos a declararla “democrática”), Soto Barrientos precisa que se han orientado a una sola faceta, la generación de determinadas autoridades -término de los senadores designados, subordinación de las fuerzas armadas y de orden al poder civil, entre otras-, y no abordan las ideas de nación y soberanía emanadas de todo el texto constitucional.

“Sin duda, este es un debate pendiente y relevante para avanzar hacia una Carta Fundamental que sea expresión de la sociedad chilena en su conjunto”, afirma.

Proceso constituyente

A su vez, Eric Eduardo Palma, abogado, doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Chile, explica que la Constitución de 1980, aun reformada, no consagra efectivamente los derechos humanos por tres razones principales:
1. Los derechos sociales, económicos y culturales no están garantizados directamente en el texto constitucional;
2. El derecho a la participación política y social está excesivamente limitado;
3. Los expertos en derecho constitucional, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, al hacer interpretaciones de ella y asentar así jurisprudencia, han sido reacios a aceptar el valor jurídico de los derechos sociales, económicos y culturales, así como de la participación ciudadana, y han dado preponderancia a las normas del modelo económico establecidas en la propia Constitución.

Explica que, desde el punto de vista jurídico, no sólo puede hablarse de una Constitución “política”, sino también de una Constitución “económica”, que establece el régimen económico liberal y la figura del Estado subsidiario. Así, los principios de dicho modelo económico resultan más importantes que los derechos de los individuos y su entendimiento y aplicación dogmática pasan por encima de las necesidades de la comunidad.

En concreto, la Constitución no consagra el derecho a presentar proyectos de ley; no consagra el derecho a revocar el mandato de los legisladores o del propio Presidente de la República; se desconfía de los partidos políticos; el plebiscito es un mecanismo excepcional casi imposible de aplicar; no existe representatividad popular a nivel regional; no existe la posibilidad de incidir en el presupuesto de la nación; no está garantizada la participación de las minorías indígenas, entre otros aspectos.

En tanto, Francisco Zúñiga, abogado, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Chile y experto en derecho público y comparado, reitera en el libro que en la Constitución de 1980 persiste un problema de legitimidad de origen y que los derechos, deberes, garantías, valores y principios que consagra conservan en gran medida una inspiración neoliberal o iusnaturalista (del derecho natural).

Plantea, en consecuencia, que hoy la expectativa es, cerrada oficialmente la transición política con las reformas constitucionales de 2005, “la asunción futura de una ‘nueva’ Constitución de origen plenamente democrático y de techo ideológico abierto o plural, fruto de una reforma de ‘segunda generación’ o de un proceso constituyente originario, constitutivas de una ‘operación constituyente’ caracterizada por un debate público y ciudadano (...)”.

A su turno, Alejandra Arriaza, abogada e investigadora de la corporación jurídica y social Forja, se queja de que Chile es el único país que después de quince años (en 2005) de finalizado el régimen dictatorial continúa rigiéndose por una Constitución impuesta por éste.

Afirma que el actual modelo constitucional implanta el conservadurismo católico iusnaturalista de derecha, el neoliberalismo económico y social, y un resabio de la ideología autoritarista de la seguridad nacional. Sostiene además que se exime al Estado de su deber de promoción de la justicia social y los derechos económicos, sociales y culturales, y que la proyección constitucional y normativa niega el conflicto social y lo sustituye por consensos forzados excluyentes, en aras de la llamada “gobernabilidad”.

Otros efectos del modelo de Estado diseñado por la Constitución son fórmulas autoritarias de toma de decisiones públicas, verticalismo en la participación social y establecimiento de una visión de igualdad formal y no de igualdad material, que se articula dialécticamente con un entramado de relaciones sociales clasistas, patriarcales, injustas e inequitativas.

“Camisa de fuerza”

Editor del trabajo es el abogado Felipe Viveros, consultor de la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales Acción, quien, en la introducción del mismo, plantea que la actual Constitución y el sistema político resultante “ni siquiera reflejan el estándar mínimo de representatividad de una democracia digna de ese nombre”.

Distritos electorales aberrantemente desiguales, donde el principio “un hombre, un voto” es una quimera, un padrón electoral que envejece y se reduce progresivamente por falta de inscripción de los jóvenes y, sobre todo, un sistema llamado binominal que sobrerrepresenta interesadamente a la derecha política y excluye del mapa parlamentario a importantes minorías, hacen que la democracia electoral chilena no pueda ser cabalmente certificada como “representativa”.

Atribuye a la “clase política” la principal responsabilidad por los magros resultados en la democratización del país y le objeta su elitización, excesiva autorreferencia, pragmatismo y comodidad, además de escasa consideración por la ciudadanía más allá de las elecciones.

Llama “camisa de fuerza” al contenido no modificado de la Constitución, particularmente la primacía del derecho de propiedad, la libertad de empresa y de ciertos mecanismos de decisión política que apuntan al conservadurismo, lo cual “hace difícil que estos y otros muchos temas ciudadanos puedan ser enfrentados con una visión democrática mientras dichos dispositivos constitucionales se mantengan dogmáticamente”.

Plebiscito

Edgardo Condeza, médico, líder de un movimiento que promueve la incorporación del plebiscito ciudadano a la Carta Fundamental, sostiene que, estando consagrado éste constitucionalmente, la ciudadanía podrá convocar a un plebiscito para decidir, por ejemplo:
-La convocatoria a una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución;
-La superación de las discriminaciones contra la mujer;
-La renacionalización el cobre y el cobro de un royalty;
-La reforma del sistema de salud y el de previsión (AFP);
-La ayuda a las pequeñas empresas;
-La devolución del agua potable y otros servicios básicos al sector público;
-El desarrollo de políticas en favor del medio ambiente;
-La disminución del gasto en armas para la guerra;
-El avance de la integración con América Latina;
-El avance de la descentralización y la regionalización del país;
-La creación de soluciones para superar el desempleo.

O cualquier materia que usted y un grupo significativo de otras personas considere importante para su comuna, su región o para el país, y que debe ser consultado con los interesados: los mismos ciudadanos.

Julio Frank S.

Fuente: “Sociedad civil y nueva Constitución: hacia un pacto ciudadano para la Constitución que queremos”, Fundación Instituto de la Mujer y Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll de Alemania, Santiago, 2006.

Expertos dan fundamentos para una nueva Constitución Política de Chile

{ NOTAS AL MARGEN }

La nuestra no es una profesión de la cual dependa la vida de la gente, como la medicina. La nuestra no es una profesión de la cual dependa el espíritu de la gente, como el sacerdocio. La nuestra no es una profesión de la cual dependa la formación intelectual, moral y social de la gente, como la pedagogía... Es todo eso, junto, y mucho más. (Raquel Correa)






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Ministro Vidal desafía a El Mercurio y La Tercera

El ministro secretario general de Gobierno de Michelle Bachelet y ex presidente de Televisión Nacional de Chile, Francisco Vidal, afirmó el jueves que “me gusta decirles eso (que mienten) a El Mercurio y La Tercera”, al ser entrevistado en el programa deportivo “Tercer Tiempo” de radio ADN, en Santiago.

Cuando se le preguntó acerca del malestar del entrenador de la selección nacional de fútbol, Marcelo Bielsa, con parte de la prensa local, a la que acusa de haber obtenido sin autorización y tergiversado sus opiniones sobre el balompié chileno, Vidal respondió:

No me gusta, no obstante que simpatizo con él en parte: cuando dijo que La Tercera y El Mercurio mienten me pareció interesante. Pero si eso ocurre en materia deportiva como en otra, lo que me gusta es decirles eso a El Mercurio y a La Tercera.

Esa declaración, sin embargo, contradice abiertamente la política de comunicaciones aplicada por la Concertación en materia de libertad de prensa. Sus gobiernos han privilegiado sistemáticamente a dichos consorcios predominantes mediante la asignación de la publicidad estatal. El diputado socialista Marco Enríquez-Ominami, quien participó en una comisión investigadora sobre el avisaje del Estado, reveló que hasta el 80 por ciento era destinado a El Mercurio y Copesa, propietaria esta última del diario La Tercera.

El duopolio, además, recibió una decisiva ayuda del Estado chileno durante la pasada dictadura, destinada a evitar que quebrara, según la investigación realizada en el país por el periodista estadounidense Ken Dermota.

Más aún, el gobierno de Bachelet anunció que pedirá la nulidad del reciente fallo del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que condena al Estado de Chile a pagar 16,6 millones de dólares –no los 500 millones exigidos por el demandante- al propietario del diario Clarín, Víctor Pey, debido a la confiscación de este medio tras el golpe militar de 1973.

La decisión gubernamental dilatará nuevamente el caso, evitando que el cumplimiento del fallo signifique la reaparición de ese diario –el de mayor circulación nacional entonces- y la apertura del sesgado servicio informativo chileno.

J.F.S.

Ministro Vidal desafía a El Mercurio y La Tercera

El país también vale la pena

Mientras aumenta el descontento social en Chile y cada sector protesta por su cuenta, tres movimientos ciudadanos que propusieron una solución nacional están detenidos.

Trabajadores de la Corporación del Cobre (Codelco) -la mayor empresa chilena- protestan por compromisos patronales incumplidos; mujeres promotoras de la anticoncepción encabezan una protesta por la prohibición de la píldora del día después; estudiantes protestan por la inequidad de la ley general de educación; empleados fiscales protestan por sus injustas condiciones laborales. Y así... cada cual en lo suyo.

Esos y otros conflictos sociales parten, en mayor o menor medida, de la rígida legislación inspirada en la actual Constitución Política del Estado, creada y promulgada sin democracia y reformada posteriormente excluyendo numerosos derechos sociales y ciudadanos. Por eso, desde hace seis años se vienen gestando en el país diversos movimientos ciudadanos que proponen una salida global, nacional: la elección de una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución.

Los intentos partieron en 2002, en Talca, con la conformación del grupo llamado “Chile a la Carta”, impulsado por estudiantes universitarios liderados por el abogado, doctor y profesor de Derecho de la Universidad de Chile Eric Eduardo Palma, que realizó un simulacro de plebiscito en Santiago en el cual el 97,7 por ciento de los consultados apoyó su propuesta.

Tres años después, en 2005, se desarrolló un seminario denominado “Pacto ciudadano para la Constitución que queremos”, organizado por la Fundación Instituto de la Mujer y el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (Memch), fruto del cual fue publicado un libro del mismo nombre.

Y en 2007 surgió el movimiento “Ciudadanos Chilenos por una Asamblea Constituyente”, encabezado por el abogado de derechos humanos Roberto Garretón y el sociólogo Gustavo Ruz, al que adhirieron incluso algunos parlamentarios de la Concertación y que llamó a marcar el voto en las próximas elecciones municipales como medida de presión.

El objetivo, uno solo: exigir una asamblea constituyente y una Constitución democrática.

Dichos proyectos, sin embargo, están inconclusos. El primero, aparentemente por decisión propia, prefirió esperar una coyuntura política “más propicia”. El segundo adujo falta de recursos y “tiempo” para realizar las tareas demandadas. El tercero, simplemente dejó de funcionar de un mes al otro, supuestamente por presiones políticas.

¿Qué ocurrió? Hay un motivo especial tanto dentro como fuera de los convocantes.

Miedo

Muchos chilenos están hastiados de la inequidad y la exclusión, pero también muchos otros se muestran conformes o resignados al “mal menor”, esto es, a un diario vivir abiertamente desigual e injusto, pero bajo un alero político paternalista y con fácil acceso a la economía mediante el dinero plástico.

Las fuentes de financiamiento externas, a su vez, tan oportunas y decisivas durante las dictaduras, suelen quitar la prioridad a la promoción de la democracia una vez que éstas dejan el poder.

De este modo, no obstante la incipiente acogida a la propuesta de una asamblea constituyente y una nueva Constitución, los líderes sociales siguen prefiriendo reivindicar derechos en forma grupal, sectorial, evitando tocar la base del problema; cuando una norma genera polémica, como el fallo del Tribunal Constitucional adverso a la píldora del día después, apuntan exclusivamente a dicha norma. Así podrían transcurrir décadas antes de poder reparar, una a una, todas las grietas autoritaristas de la Carta Magna vigente...

Pero quizá el factor más influyente sea la censura, autocensura o minimización que afecta al tema constitucional tanto en la misma arena política como en los medios de comunicación, incluyendo algunos partidarios de la idea. Hasta un ex Presidente de la República (Eduardo Frei Ruiz-Tagle), protagonista de una encendida arenga por una nueva Constitución en el último congreso doctrinario de su partido, lo omitió en televisión cuando le preguntaron directamente –en el canal del precandidato presidencial opositor Sebastián Piñera- qué proponía él para resolver los problemas del país. Otros políticos adherentes también callan o morigeran su posición públicamente.

¿Motivo? Miedo. Tanto manifestantes como políticos temen que los poderes que aplican y se benefician de la actual política neoliberal -las grandes empresas y el Estado subsidiario- se sientan amenazados y los marginen del sistema. Ni siquiera los humoristas se salvan: Juan Carlos “Palta” Meléndez admitió que hacer humor político cierra las puertas a este gremio.

José Bengoa, miembro de la gubernamental Comisión Bicentenario, explicaba así en El Mercurio (20-4-2008) el considerable atraso y falta de interés que aqueja al programa oficial de celebración de los 200 años de la República:

Yo creo que esto tiene que ver con una dificultad para la reflexión en Chile, se le tiene demasiado miedo a la crítica.

Algo más que marchas

¿Es todo lo que la ciudadanía chilena y sus representantes pueden hacer por la democracia y ellos mismos? ¿Es razonable considerar la Constitución Política del Estado un tema secundario cuando existe coincidencia en que la vigente no identifica a la mayoría y le perjudica diariamente?

Cada cual se ciñe a sus propios intereses y el resto lo mira con curiosidad o indiferencia. No es extraño entonces que los responsables de la conducción del país sientan que no necesitan hacer más para recibir la legitimación popular en forma casi incondicional. El mejor ejemplo es la firma por el Presidente Lagos de la Constitución de 1980 reformada, declarada “democrática” sin consultar a la ciudadanía. (El periodista Richard Gott, refiriéndose al pasado gobierno de Tony Blair en el Reino Unido, escribió que la política ya no está asociada a las ideas sino al poder administrativo y que la única opción que se ofrece a los electores es designar al personal considerado más apto para ejercerlo).

Aunque no corresponda a los grupos intermedios asumir funciones destinadas a los políticos, sí pueden y deben enmendarlos cuando atentan contra los derechos humanos y los valores sociales circunscribiendo el ejercicio de la democracia a unos pocos y no a todo el pueblo, el auténtico sujeto del sistema. Y deben también proponer alternativas a su alcance cuando no se atiende a su llamado, porque, como lo advierte Gustavo Marín en Le Monde Diplomatique:

Los intentos de una sociedad civil que solamente hace manifestaciones o marchas no son suficientes. (...) Es bueno manifestar, participan nuevos sectores y hay una nueva toma de conciencia, pero después de la manifestación todo se diluye.

Julio Frank S.

Foto: Presentación del movimiento Ciudadanos por una Asamblea Constituyente, Palacio Ariztía, 21 de julio de 2007. asambleaconstituyente.cl

El país también vale la pena

Director de radio U. de Chile justifica rebelarse contra institucionalidad opresiva

El periodista Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo 2005 y ex director de la desaparecida revista antidictadura “Análisis”, reiteró este viernes que la Constitución vigente en Chile sigue siendo ilegítima y enjuició su efecto sobre la situación política y social del país.

En su programa de comentarios “Análisis en FM”, el director de radio Universidad de Chile afirmó que “se hace más que justo, entonces, el derecho de los chilenos a movilizarse y desconocer la legitimidad de nuestras pretendidas instituciones democráticas”.

A continuación, el texto íntegro del comentario emitido por radio Universidad de Chile, en Santiago, este viernes 25 de abril de 2008, publicado el día anterior en el periódico electrónico de la estación.

“Estimados auditores y estimadas auditoras:

La Constitución que nos rige es ilegítima desde su origen. Fue concebida a puertas cerradas y refrendada en una consulta sin las mínimas garantías ciudadanas. Así fue reconocido, entonces, por quienes hoy nos gobiernan y después de tantos años no han convocado a una asamblea constituyente para darnos una carta fundamental realmente avalada por la soberanía popular.

Si bien la Constitución de 1980 ha sido modificada, las reformas fueron aprobadas por el Congreso Nacional cuyos integrantes no representan genuinamente a los chilenos. El sistema electoral del cual resultan los diputados y senadores es excluyente y antidemocrático, como lo reconocen muchos de los propios integrantes de ambas ramas legislativas. Quienes votan en nuestro país son apenas la mitad de los mayores de edad y los votos “validamente emitidos”, según la Ley heredada de la Dictadura, no cuentan los votos nulos y en blanco.

Se asume que las libertades de expresión y de prensa son un soporte fundamental de la democracia. Sin embargo, en Chile no se garantiza la diversidad informativa, y las leyes y quienes las perpetúan se hacen cómplices de la más pavorosa concentración mediática, que resulta en la uniformidad y vulgarización de la televisión, el imperio de un duopolio en la prensa y una creciente extranjerización de nuestras radios. El Internet es privilegio, todavía, de unos pocos. Incluso la Transición se encargó de asesinar a aquellos diarios y revistas que lograron desafiar a la Dictadura y alcanzaron los más altos índices de circulación de nuestra historia.

Como también se sabe, la organización social languidece. Menos de un 10 por ciento de los trabajadores está sindicalizado y los pocos referentes que existen son manipulados por los partidos. Para colmo, sus dirigentes se eternizan en sus cargos, como es el caso de la CUT. Las organizaciones estudiantiles son débiles, sus manifestaciones son infiltradas y severamente reprimidas por las fuerzas policiales. Las organizaciones patronales, sin embargo, se manifiestan con arrogancia y practican descaradamente el lobby en la defensa de sus intereses.

Los jueces son elegidos por los otros dos poderes del Estado y el financiamiento de su actividad depende de las mismas instancias. La creciente corrupción política tiene pocas probabilidades de ser frenada o extinguida, justamente por la presión que ejercen los involucrados en los tribunales, como por la ausencia de un periodismo fuerte que pueda cumplir con su tarea de vigilar a la autoridad y denunciar sus despropósitos. Las instituciones no funcionan adecuadamente digitadas por operadores políticos que preparan montajes, como el del Hospital de Curepto; estafas, como las de Ferrocarriles y malversaciones, como las que han asaltado, incluso, los recursos para generar empleo a los más pobres y desesperanzados.

El Tribunal Constitucional es integrado por personas que pueden ser muy destacados profesionalmente pero que, finalmente, derivan del cuoteo político. Sus atribuciones fueron definidas por la ideología de la democracia vigilada y algunos de sus miembros han declarado explícitamente que, sobre la ley y el interés público, ellos privilegian sus convicciones filosóficas y religiosas. Su resolución sobre la píldora del día después para nada tuvo en cuenta la opinión del país, especialmente de las mujeres. Si los obispos católicos y otros han legitimado su resolución es porque ésta coincide con sus posiciones. En caso contrario, el integrismo religioso habría indicado desconocer su sentencia, consecuente con el viejo principio de que las leyes de Dios (es decir, de la jerarquía eclesiástica) no pueden vulnerar las leyes de los hombres.

Quienes actualmente nos gobiernan han completado el mismo tiempo en el poder que Pinochet. Tiempo suficiente para acabar con la interdicción ciudadana, distribuir más equitativamente los beneficios de nuestra economía y recuperar tantas libertades conculcadas. De nuevo vamos a enfrentar procesos electorales dominados por el dinero, con un número muy acotado de ciudadanos y en el que se repiten los mismos y añosos candidatos.

Se hace más que justo, entonces, el derecho de los chilenos a movilizarse y desconocer la legitimidad de nuestras pretendidas instituciones democráticas. Rebelión que nuestra historia ha vivido y legitimado muchas veces, cuando los que tienen el poder sólo se sirven a sí mismos. Nuestros héroes, libertadores y mártires son reconocidos justamente porque ejercieron el derecho a desconocer las leyes y las instituciones opresivas”.

J.F.S.

Director de radio U. de Chile justifica rebelarse contra institucionalidad opresiva

La Concertación también quiere nueva Constitución

En el fragor de las discusiones políticas e ideológicas mezcladas con intereses partidistas y ambiciones personales, los temas de fondo planteados por los partidos de la Concertación no surgen aún con el ímpetu y la trascendencia que su envergadura requiere.

Para recordarlos, he aquí algunas conclusiones referentes a una nueva Constitución Política para Chile:

Partido Demócrata Cristiano

Los democratacristianos creemos que llegó la hora de dotar a Chile de una nueva Constitución, efectivamente democrática y que sea la carta de navegación que le permita a Chile ser una sociedad más desarrollada, más moderna e integrada.

Soledad Alvear, presidenta del Partido Demócrata Cristiano, Quinto Congreso Ideológico, octubre de 2007.

Partido Socialista

Así como en dictadura existió el llamado ‘grupo de los 24’, se debe ahora abrir un proceso que congregue a connotados juristas, intelectuales y actores sociales que se plantee el tema de pensar y proponer una Constitución Política para el siglo XXI.

Mesa Directiva Nacional del Partido Socialista de Chile, documento para la discusión del XXVIII Congreso General Ordinario, noviembre de 2007.

Partido Por la Democracia

La única manera de dar por terminado el largo ciclo político marcado por la Dictadura y sus efectos es dotarnos de una nueva Constitución Política, que tenga la legitimidad de las constituciones democráticas, fruto de las mayorías y del consenso político, aprobada por la ciudadanía en un proceso electoral verdaderamente democrático.

Documento para la discusión del XXVIII Consejo Nacional Programático del Partido Por la Democracia, enero de 2008.

J.F.S.

La Concertación también quiere nueva Constitución

Una convicción anda rondando

Poco a poco crece en Chile la idea que una Constitución democrática es el único camino para rectificar el rumbo. Pero hay aún grandes barreras: falta de recursos, dedicación insuficiente y... censura.

El 14 de diciembre de 2005, en el Archivo Nacional, en Santiago, se realizó un seminario denominado “Pacto Ciudadano para la Constitución que queremos”, organizado por el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (Memch) y el Instituto de la Mujer. Asistieron unas 80 personas, la mayoría mujeres, quienes escucharon diversas exposiciones, entre éstas, las de los abogados y profesores de Derecho de la Universidad de Chile y la Universidad Central Eric Palma y Francisco Zúñiga; de la abogada de la Corporación de Derechos Ciudadanos (SEAL) Alejandra Arriaza y del médico Edgardo Condeza, entre otros expertos y promotores de la sociedad civil.

Todos apuntaron a la precariedad democrática, no obstante sus reformas, de la Constitución de 1980 –promulgada durante la dictadura- y su efecto sobre la vida diaria y la institucionalidad del país. Subrayaron la necesidad de incorporar derechos humanos y sociales propios del siglo XXI e identificar genuinamente las aspiraciones de los chilenos. Palma difundió en particular los postulados y actividades de un movimiento por una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución, en tanto Condeza planteó un plebiscito nacional que permita a la ciudadanía decidir por sí misma los temas más trascendentes.

La iniciativa no terminó ahí. Con recursos aportados por la fundación alemana Heinrich Böll, las organizadoras publicaron un sitio web y un libro titulado “Sociedad civil y nueva Constitución: hacia un pacto ciudadano para la Constitución que queremos” (2006), en el que colaboraron expertos de diversas universidades estatales y privadas, organizaciones no gubernamentales e incluso un organismo dependiente del ministerio secretaría general de Gobierno.

Hicieron, además, propaganda radial y distribuyeron afiches y otros distintivos, junto con realizar un simulacro de plebiscito en sectores céntricos de la capital invitando a los transeúntes a definirse por una de las siguientes alternativas:

1. Apoyo la Constitución de 1980 y sus reformas y no creo necesario dictar una nueva Constitución.
2. Apoyo la idea de la promulgación de una nueva Constitución, vía Asamblea Constituyente.

Según las organizadoras, el 97,7 por ciento de los 1.351 consultados se pronunció por la segunda alternativa.

Pero los recursos se agotaron y el resto de la campaña quedó “pendiente”.

Un relevo

Un año después aunque sin relación con el anterior surgió un nuevo movimiento, llamado Ciudadanos por una Asamblea Constituyente, que declara ir más allá de la difusión y promoción de la idea y llama a marcar el voto en las próximas elecciones municipales (26 de octubre), con el propósito de comprometer a las autoridades políticas de turno con esta demanda ciudadana.

Su Comité de Iniciativa está integrado por el abogado de derechos humanos Roberto Garretón; el sociólogo Gustavo Ruz; la dirigenta del Colegio de Enfermeras Celsa Parrau; el ex presidente de la Fech Giorgio Boccardo y el ex ministro de Allende Jacques Chonchol.

El nuevo movimiento fue presentado públicamente el 21 de julio de 2007 en el Palacio Ariztía -facilitado por la Cámara de Diputados- y han adherido incluso algunos parlamentarios y ex ministros de la Concertación. Hasta ahora, sin embargo, no ha mostrado la proactividad de sus antecesoras.

Tres vallas

No se les puede culpar. Ambas campañas han chocado contra algunas barreras que hasta ahora resultan insalvables: un sistema político desalentador, remitido exclusivamente a negociaciones del duopolio Concertación-derecha pinochetista; el fantasma del ex dictador, que todavía inhibe a quienes desean cambiarlo; y la apatía generalizada de los chilenos, valorados sólo como consumidores.

La idea de una asamblea constituyente destinada a normalizar la institucionalidad del país brotó justamente en el período más represivo de la dictadura –fines de los años 70- en un grupo de políticos y juristas opositores a ésta, entre los cuales estaba quien sería el Presidente de la transición, Patricio Aylwin. La propuesta, no obstante, se fue diluyendo hasta desaparecer oficialmente el 17 de septiembre de 2005, cuando el Presidente Lagos, el más duro opositor político a Pinochet, firmó la Constitución de éste asegurando que las reformas posteriores la habían hecho “democrática”.

Durante el proceso citado, la dictadura y sus asesores consolidaron el modelo de “democracia protegida” y todas las modificaciones al mismo tuvieron que contar con su venia; de no haber sido así, los intentos no solamente habrían sido un fracaso, sino también tratados como atentado a la seguridad nacional y castigados como tal. De este modo, el tema de una nueva Constitución es todavía tabú para los políticos dirigentes y el gran empresariado y, por lo tanto, censurado o miniaturizado por los grandes medios de comunicación masivos, especialmente la televisión.

En este contexto, no es raro que los sectores ciudadanos más sensibles a la situación del país se quejen de que “les falta tiempo” para dedicarse como debieran a la reivindicación de la auténtica democracia. A la búsqueda, por ejemplo, de instituciones que crean también en que la democracia es mucho más que elecciones y estén dispuestas a aportar financiamiento para su profundización. No han podido aquéllos librarse del apremio cotidiano que les significa preservar su fuente de ingresos ante un modelo mercantilista que se los impone como único objetivo válido.

Les falta aún el ánimo y la confianza manifestados por Edgardo Condeza –un veterano político- en la campaña del Memch:

Siempre las iniciativas novedosas aparecen como una utopía y, sin embargo, luego se concretan.

Julio Frank S.

Fotos:
Presentación del movimiento Ciudadanos por una Asamblea Constituyente, Santiago, 2007. asambleaconstituyente.cl
Seminario “Pacto Ciudadano para la Constitución que queremos”, Memch e Instituto de la Mujer, Santiago, 2005. otraconstitucion.cl

Una convicción anda rondando